Así es la doble vara de medir por parte del Gobierno a los profesores independentistas

El profesor Francisco Oya ha sido expedientado por la Generalitat por su posición no independentista.

Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy pusiera en marcha el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, han surgido muchas dudas sobre él. Cada vez son más las personas que critican que su aplicación deja mucho que desear. Para saber hasta dónde llega, o mejor dicho hasta dónde no llega el 155 es necesario leer estas dos historias, recogidas por el periódico El Español, que aunque son casos muy parecidos, el Gobierno no ha actuado de la misma forma. La primera historia saltaba a los medios de comunicación hace un par de semanas y tiene como protagonistas a nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, un pequeño pueblo de la provincia barcelonesa.

Una humillación que pasa desapercibida

Estos nueve profesores fueron acusados después del intento de referéndum del 1 de octubre de un supuesto delito contra la dignidad de las personas al humillar públicamente a alumnos hijos de guardias civiles durante las clases. A pesar de ello, siguen impartiendo clases, ya que el Ministerio de Educación, que desde la aplicación del 155 controla el Departamento de la Generalidad, ha decidido no hacer nada contra ellos. El asunto llega hasta tal punto que la denuncia a estos nueve profesores ha llegado de la mano de Miguel Ángel Aguilar, el fiscal contra el odio y la discriminación de Barcelona. En cambio, la segunda historia ocurrió el pasado 12 de abril cuando el Consorcio de Educación de la Generalidad de Cataluña abrió expediente disciplinario al presidente de la asociación Profesores por el bilingüismo y profesor de Historia del instituto Joan Boscà de Barcelona, Francisco Oya.

Acusaciones sin fundamento

¿El motivo? Acusarle de "provocar angustia y disgusto entre las familias de los alumnos", "generar preocupación entre los docentes", "incorporarse con retraso a las clases", "desconocer el funcionamiento del instituto" y "hacer comentarios en clase de tono homófobo, sexista y xenófobo". Cinco días después, el director del instituto, Ignacio García de la Barrera, no sólo relevó a Oya de sus clases, sino que además le conminó a "permanecer en el departamento de Humanidades preparando materiales complementarios para la materia de Ciencias Sociales de 4º de ESO".
"Se está generalizando la sensación de que los profesores que no sean independentistas pueden ser cazados por la Administración catalana"
Una tarea un tanto extraña puesto que este profesor fue acusado precisamente de haber aportado materiales complementarios al libro de historia escrito por Agustí Alcoberro, exvicepresidente de la ANC. Materiales complementarios cuya utilización está amparada por la libertad de cátedra pero que no gustó entre el profesorado y la dirección del Joan Boscà. Lo preocupante de estas dos historias es que en el caso de los nueve profesores que humillaron a hijos de la Guardia Civil ha tenido que intervenir la Justicia ante el pasotismo del Gobierno central, mientras que con el Francisco Oya ha sido la Administración catalana la encargada de abrirle un expediente. En este sentido, el profesor de Historia niega a El Español todas las acusaciones. "Llama mucho la atención esa doble vara de medir, efectivamente. Y deja una sensación de indefensión entre los profesores constitucionalistas", asegura Oya y añade: "Estamos transferidos, pero nosotros somos funcionarios del Estado, no de la Generalidad. Y se está generalizando la sensación de que los profesores que no sean independentistas pueden ser cazados por la Administración catalana".

Múltiples casos como el de Francisco Oya

Sin embargo, el caso de Francisco Oya no es único. Así el profesor de Historia explica que la Generalidad lleva años privilegiando a un tipo de profesores. "Intentan que el profesorado sintonice con el independentismo. En Cataluña, y según varios estudios, el 70% de los profesores son de ideología independentista, un porcentaje muy superior al del resto de la población catalana", denuncia.
La Consejería de Educación de la Generalidad prefiere un profesor sin titulación para dar clase, pero que sepa catalán, a un profesor que la tenga, pero no sepa catalán
Por otro lado, el presidente del Sector Nacional de Educación del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Mario Gutiérrez, considera que es necesario crear un protocolo para defender a los profesores acosados por la Administración catalana: "Las acusaciones son ridículas. Oya habló por ejemplo en una clase de la homosexualidad del marido de Isabel II, Francisco de Asís de Borbón. Pues esa es la base para la acusación de homofobia. En otra clase utilizó una entrevista con el hispanista Stanley G. Payne, y esa entrevista sirvió para acusarle de machista con el argumento de que el material no había sido aprobado por el director. ¿Desde cuándo un profesor tiene que pedir al director del instituto la aprobación del material que utiliza en clase? El expediente sancionador da vergüenza ajena", explica. "Lo que está sucediendo en Cataluña es muy grave. Te doy un ejemplo. La Consejería de Educación de la Generalidad ha ofrecido recientemente plazas de profesor interino, tal y como hacen otras comunidades, pero como no encontraba profesores con catalán ha publicado una resolución en la que dice que no hace falta que tengan la titulación necesaria para dar clase. Es decir, que prefieren un profesor que no tenga la titulación para dar clase, pero que sepa catalán, a un profesor que tenga la titulación necesaria, pero no sepa catalán", denuncia Gutiérrez.

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