El Tribunal de Cuentas de Chile impide al Gobierno de Piñera la objeción de conciencia institucional

Sebastián Piñera, presidente de Chile / EFE.

Los meses previos a las elecciones chilenas, la expresidenta Bachelet puso en marcha la maquinaria para aprobar leyes contra la vida y la familia. Una de ellas fue la despenalización del aborto en tras causales: en caso de riesgo de la madre, inviabilidad fetal o violación. Muchas voces se levantaron contra la nueva ley, y muchas solicitaron poder ejercer su derecho a objetar en conciencia contra la práctica del aborto, por lo que se creó un protocolo. Tras la llegada de Sebastián Piñera al gobierno de Chile se ha intentado modificar este protocolo para que también las instituciones pudieran objetar en conciencia. Sin embargo, la Contraloría General de Chile -una especia de Tribunal de Cuentas- ha declarado ilegal esas modificaciones por considerar que no se ajustan a derecho. "Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud", ha sentenciado. Además, "las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiación pública se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud", han afirmado en un comunicado.
"Nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”
En marzo, entre las modificaciones que se habían realizado, se permitía que las instituciones objetoras siguieran recibiendo aportes del Estado pese a negarse a practicar abortos. De esta manera se vuelve a limitar la objeción de conciencia ya que habrá centros que deberán plegarse ante el peligro de perder los convenios. Incluso así se limitará la objeción personal de los médicos por este mismo problema. La portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, ha lamentado la decisión de la Controlaría y ha afirmado que desde el Ejecutivo no comparten "la decisión", pero que acatarán "el dictamen" por su compromiso con "al estado de derecho y con el rol que le corresponde a las instituciones del país". Según la portavoz, "nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”, por lo que habrá que esperar al nuevo protocolo.

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