La sociedad civil croata presiona para lograr un referéndum que cambie la ley electoral

La presidenta de Croacia Kolinda Grabar-Kitarovic.

Croacia quiere avanzar en su democracia y para ello las asociaciones ciudadanas están proponiendo iniciativas para mejorar la salud democrática, pero se encuentran con el virus de sus propios gobernantes que ponen numerosas trabas para conseguirlo. La iniciativa The People Decide (La gente decide) está impulsando la celebración de un referéndum para permita cambiar la ley electoral y así aumente la participación ciudadana en el proceso electoral, crezca la responsabilidad de los políticos ante los votantes y minimice la corrupción y el comercio de apoyos con partidos minoritarios que condicionan la política del todo el país -el actual gobierno de centroderecha gobierna gracias al apoyo de un partido de izquierdas (1,5% de los votos) que ocupa la cartera de Educación a cambio de su apoyo-. Pero para lograrlo las iniciativas ciudadanas se enfrenta a numerosos osbtáculos, el primero de ellos, las trabas de los políticos. Las condiciones para poder solicitar un referéndum son bastante complicadas ya que se tienen que recoger 340.000 firmas en apenas 14 días y los alcaldes de algunas ciudades están poniendo dificultades para poder hacer esa recogidas. Por ejemplo en Zagreb, Osijek y Rijeka van a imponer un nuevo impuesto para la recogida de firmas. Además, están poniendo impedimentos para que se puedan recoger las firmas.
Otra de la quejas al actual sistema se vio reflejado en la reciente aprobación por parte del Gobierno de la Convención de Estambul contra la opinión mayoritaria de la población
Algunos de los objetivos de The People Decide es reducir el número de asientos en el Parlamento, permitir el voto electrónico, reducir el umbral de entrada en el Parlamento del 5% al 4% o el fin de la corrupción política entre partidos principales y los partidos minoritarios. Otra de la quejas al actual sistema se vio reflejado en la reciente aprobación por parte del Gobierno de la Convención de Estambul contra la opinión mayoritaria de la población que ha visto en esa aprobación el intento de introducir la ideología de género en la educación -algo de la que se ocupa también el ministro de Educación, de izquierdas, pero que sostiene al partido gobernante de centroderechas y que está promoviendo cambios en la Educación Primaria y Bachillerato e impulsando la ideología de género en las escuelas-. Los políticos, siguiendo sus propias directrices, han hecho así caso omiso a la voluntad del pueblo que rechaza el trasfondo ideológico de la Convención de Estambul. Al ratificar el tratado, el Gobierno croata aceptó la introducción en la legislación de varias leyes en relación con la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como la labor del GREVIO, el Grupo de Expertos del Convenio de Estambul contra la Violencia de Género, que es financiado por los estados pero que no está bajo su supervisión y está por encima de las leyes y las constituciones de los estados firmantes.

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